Mientras el gobierno otorga superpoderes para realizar contrataciones directas, el plan de obras de la Provincia, que se hace con auditorías y llamados a licitación, está prácticamente paralizado.
Según un informe privado, el ministerio de Infraestructura sólo ejecutó el 27% de su presupuesto. Y se construyen menos de 10 mil viviendas por año.
Mientras el gobierno bonaerense otorga facultades extraordinarias a sus funcionarios para hacer contrataciones directas (permite realizar inversiones de hasta $ 750 mil en cada asentamiento o villa de emergencia sin mayores controles), el plan de obras públicas, que requiere llamados a licitación y mecanismos de auditorías para evitar irregularidades, se encuentra virtualmente paralizado.
Así es lo que se desprende de un informe realizado por el Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica, que es coordinado por el ex diputado radical Pablo Luchessi. El estudio concluye que "la provincia de Buenos Aires se encuentra inmersa en un gran desorden administrativo, paralizada, sin planes de gobierno ni capacidad para llevarlos adelante".
"Basta con mencionar que el ministerio de Infraestructura ejecutó en los primeros seis meses del año sólo el 27% de lo previsto en la ley de Presupuesto 2008. Sobre un crédito disponible de $ 1.229 millones, se gastaron 333,6 millones hasta fines de junio. Indicador irrefutable de la paralización de la obra pública provincial, con los efectos contractuales nocivos que ello genera a los intereses de los bonaerenses", dijo Luchessi.
El informe también remarca que la interrupción de las obras es el punto de partida de una serie de renegociaciones y reformulación de las condiciones acordadas con las empresas a la hora de iniciar la ejecución, "lo que generalmente genera mayores costos en desmedro de las arcas bonaerenses".
El ritmo de construcción de viviendas sociales en nuestra Provincia no alcanza a las 10.000 unidades por año. "A este ritmo recién en el año 2080 se habría dado satisfacción a la demanda actual. Un período de espera bastante largo para los casi 4 millones de personas que padecen este flagelo en nuestra Provincia, de los cuales 2,8 millones viven en el Gran Buenos Aires", ironizó Luchessi.
De las prometidas 140 mil viviendas que debían entregarse en un plazo de 30 meses anunciadas los días previos a las elecciones de 2005, sólo se han efectivizado hasta junio de 2008 menos de 6 mil viviendas nuevas. Estos datos complementan el informe que, en exclusiva, publicó Hoy el 11 de agosto pasado y que daba cuenta de que, por ejemplo, pese a que la Etapa I del Plan Federal de Viviendas contemplaba la creación de 120 mil viviendas, hasta el momento sólo se terminaron poco menos de 60 mil.
Eso no es todo. Según el informe del Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica, pasados los primeros seis meses del año, el Instituto de la Vivienda Bonaerense ha ejecutado sólo el 28% de los recursos previstos para el corriente ejercicio. "Lo que fue ejecutado con bastante celeridad fueron los recursos correspondientes al programa de ayuda a personas y la correspondiente a transferencia a personas, ambas distribuidas discrecionalmente, que alcanzaron los 3,5 millones de pesos, lo que equivale al 50% de la partida prevista. Con la distribución arbitraria de subsidios se pretende tapar la ineficacia de la gestión", afirmó Luchessi.
Otro dato que genera preocupación es la calidad de la viviendas que fueron construidas. "La calidad de las pocas viviendas terminadas, fue cuestionada en reiteradas oportunidades por los adjudicatarios. Y tiene sus razones: en los contratos realizados con motivo de la adjudicación de estas obras omitieron incluir la cláusula que obligaría a las empresas adjudicatarias al cumplimiento de la disposición de la secretaria de Urbanismo de la Nación número 107 de 2000, que habla de los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social. Una omisión que resulta si no ingenua, claramente inmoral", concluyeron desde el centro de estudios. Beneficio para las empresas La paralización de obras públicas genera cuestionamientos administrativos que suelen dirimirse en favor de las empresas contratistas, con lo que los montos de contratación aumentan. "Un ejemplo de ello es que las viviendas contratadas a 33 mil pesos por unidad, se están renegociando a valores superiores a los 110 mil pesos por unidad. La inoperancia cuesta caro", sentencio Luchessi.
"Un dato que confirma la apatía, el desinterés o cuanto menos la anarquía administrativa reinante en el gobierno provincial queda manifestado si comparamos los gastos de telefonía celular con los recursos destinados al programa de emergencia habitacional en estos primeros seis meses. Para el mismo período, mientras los teléfonos insumieron una erogación de 3,6 millones de pesos, los destinados al programa de emergencia habitacional apenas alcanzaron los 2,5 millones de pesos", indicó el ex diputado.
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Publicado por Alfredo Barros para 5º SECCION el 8/26/2008 03:53:00 AM



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